ࡱ> ikh[@ {Qbjbj44 .tViVi{IBBBBBBBV$dVL$#######$<&R(#B#BB$^^^:BB#^#^(^r!TBB" qO!"$0L$ "L)vL)"VVBBBBL)B"$^##VVT VVPROPUESTAS DEL MOVIMIENTO AMPLIO DE MUJERES PARA EL PROYECTO DE CODIGO PENAL VENEZOLANO EN MATERIA DE INTERRUPCION DEL EMBARAZO Con motivo de la formulacin del Anteproyecto para la Reforma del Cdigo Penal venezolano, el movimiento amplio de mujeres presenta una serie de consideraciones para promover la despenalizacin de la interrupcin del embarazo en nuestro pas. Estar a favor de la despenalizacin de la interrupcin del embarazo no significa estar a favor del aborto ni promoverlo, significa reconocer que la penalizacin no soluciona el problema del aborto, pues a pesar de estar prohibido legalmente en muchos pases, condenado socialmente y religiosamente, miles de mujeres lo practican en el mundo y adems mueren por esta causa. Una problemtica de salud pblica En todo el mundo, de una estimacin de 190 millones embarazos que ocurren aproximadamente cada ao, 51 millones terminan en abortos, incluyendo 21 millones (ms del 41%) que tienen lugar en pases donde el aborto est restringido legalmente. Por tratarse de un procedimiento ilegal en nuestro pas salvo por la causal que prev la ley (riesgo de la vida de la madre) - las interrupciones de embarazos se practican en condiciones de riesgo, generando una problemtica que atenta contra la vida y la salud de las mujeres. El registro de morbilidad materna por esta causa en los hospitales y ambulatorios pblicos - espontneos o provocados- entre 1997 y 2001 fue de 381.948 casos. Su prctica es la segunda causa de muerte materna registrada. Segn cifras del Ministerio de Salud, en el ao 2002 muri una mujer cada semana por esta causa, siendo adems la tercera causa de muerte en adolescentes en nuestro pas. El principio de justicia obliga a no ignorar que en la prctica son las mujeres de peor situacin socioeconmica las que sufren las complicaciones de realizarse una interrupcin del embarazo en nuestro pas. Es un hecho que entre las mujeres ms pobres se concentra la morbimortalidad por interrupcin del embarazo, porque recurren a servicios clandestinos de muy alto riesgo, a diferencia de aquellas que tienen los medios suficientes para pagar por un procedimiento -seguro aunque ilegal- o viajar a los pases donde esta prctica es legal. El reconocimiento de esta problemtica social ha llevado a muchos pases a promover en sus legislaciones internas una liberalizacin de las leyes y normas que regulan la interrupcin del embarazo. Es as como en la actualidad, casi la totalidad de los pases permiten la prctica de la interrupcin del embarazo, bien sea por diferentes causas o sin ningn tipo de restriccin legal, exceptuando a Chile y El Salvador, que lo prohben totalmente. Estado de la Ley y causalesPases del mundoPorcentaje de la poblacin mundialSin restriccin alguna49 pases41% Permitido slo por algunas razones (para salvar vida de la mujer, por razones de salud, por razones socioeconmicas)91 pases 59%  Leyes y polticas pblicas La liberalizacin de las leyes que regulan la interrupcin del embarazo no es una accin suficiente para abordar y dar solucin a este complejo problema. Es necesario que adems se diseen e implementen polticas pblicas en el rea de salud que se orienten a prevenir los embarazos no deseados y que, en definitiva, velen por la salud sexual y reproductiva de la poblacin. La disminucin del embarazo no deseado que es la principal causa que da origen a la prctica del aborto- es posible si se implementan acciones gubernamentales que consagren la prevencin y educacin en salud sexual y reproductiva, tales como: 1. Programas continuos de educacin sexual plena dirigidos a nias/os, jvenes, adolescentes y adultos/as. 2. Informacin y acceso a los diversos mtodos anticonceptivos modernos. 3. Apoyo social y econmico a la mujer embarazada. Las experiencias de pases como Holanda, Blgica y Alemania dan cuenta de la disminucin y mantenimiento de bajas tasas de interrupcin del embarazo en la poblacin como consecuencia de la aplicacin de medidas de prevencin y educacin en esta materia: PASACCESO ATASA PROMEDIO DE INTERRUPCIONES DE EMBARAZOSHolanda, Blgica y AlemaniaAborto legal, educacin sexual y anticoncepcin6,9Colombia, Brasil y ChileAcceso amplio slo a anticoncepcin42,3Rusia, Rumania y Vietnam Acceso amplio slo a aborto legal76,5 La dimensin humana de la interrupcin del embarazo Esta dimensin social tambin contempla una dimensin humana que atae principalmente a las mujeres. Enfrentar el dilema de un embarazo no deseado y considerar la decisin de interrumpirlo es un asunto que plantea serios conflictos ticos, religiosos y morales a las mujeres y sus parejas. No existe una sola manera -vlida para todas las personas- de encarar estos dilemas. Al contrario, existen muchos puntos de vista, generalmente antagnicos y enfrentados sobre esta materia, que habitualmente colocan en pugna a los diversos sectores sociales que los promueven. Es por eso necesario ubicar la discusin sobre la decisin de interrumpir o no un embarazo como una decisin que no compete al Estado, a las instituciones o a la sociedad en su conjunto, sino que se trata de una materia que forma parte de la vida privada de las personas. El papel del Estado es regular y reglamentar, disear polticas y ofrecer servicios para atender esta problemtica. Se impone el respeto hacia la dignidad y la autodeterminacin de las mujeres en cuanto a su vida reproductiva, especialmente cuando el continuar con un embarazo traiga consigo consecuencias que pongan en riesgo su vida, su salud y su dignidad como ser humano. La interrupcin de un embarazo es un ltimo recurso. Es una decisin extrema que las mujeres y sus parejas toman en situaciones tambin extremas. Es un derecho humano de las mujeres ejercer su autodeterminacin en la toma de estas decisiones y el Estado debe ser garante del ejercicio de este derecho. Despenalizacin, no legalizacin La propuesta de despenalizacin de la interrupcin del embarazo significa dejar de considerar esta prctica como un delito, si es una decisin tomada de acuerdo a ciertas causales que la justifican. La despenalizacin contempla erradicar de la ley el castigo para aquellas mujeres y profesionales de la medicina que recurran a este recurso extremo para impedir el desarrollo de un embarazo que ponga en peligro la vida de la mujer o que el producto de la gestacin sea inviable, o aqul que sea ocasionado por una violacin. En estos momentos no est planteada la discusin sobre si legalizar o no la interrupcin del embarazo, se plantea su despenalizacin. La legalizacin implicara, adems, la existencia de una serie de leyes que incluyan a esta prctica como parte del derecho a la proteccin de la salud y que, de esta manera, sea parte de los servicios mdicos que presta el Estado de manera gratuita. En este sentido, consideramos que este Cdigo Penal debe ser lo suficientemente flexible para permitir que posteriormente se legisle especficamente sobre esta materia, y que esa legislacin sea parte de un conjunto de leyes destinadas a prevenir el embarazo no deseado, basndose en un anlisis objetivo de la realidad social y en una cuidadosa estimacin de las consecuencias prcticas de diversas alternativas legales. Leyes penales que reconozcan los derechos humanos de las mujeres Los derechos relativos a la sexualidad y reproduccin han sido paulatinamente reconocidos como Derechos Humanos en diversos instrumentos legales internacionales suscritos por nuestro pas e incorporados en leyes nacionales. De esta manera, se ha creado un marco legal amplio que el Estado venezolano tiene el compromiso de impulsar y aplicar. Algunos de estos consensos establecen que: Los derechos humanos de la mujer y la nia son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. (Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, Viena, 1993). Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coercin, la discriminacin y la violencia (Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing, 1995). En esta misma conferencia se describe al embarazo forzado como la iniciacin forzada del embarazo as como su continuacin forzada. Este reconocimiento del embarazo forzado que se ha iniciado en diversas legislaciones internacionales hace evidente que la restriccin que sufre la mujer que contina un embarazo contra su voluntad, a travs de la ley penal u otros medios, es una violacin de los derechos humanos. El Tratado de Roma, constitutivo de la jurisdiccin del Tribunal Penal Internacional, reconoce que el embarazo forzado es un crimen contra la humanidad. Los cuerpos de supervisin de los tratados de derechos humanos han sealado la inconsecuencia entre los principios de los derechos humanos y las leyes penales de aborto que no hacen una excepcin explcita que permita legalmente el aborto por denuncia de violacin. En un marco integral de la salud reproductiva, el pensamiento moderno sobre las leyes de interrupcin del embarazo coloca la poltica y la legislacin ms all de la preocupacin histrica por la penalizacin y el castigo, en la proteccin y la promocin de la salud de las mujeres y en la prevencin del aborto inseguro. En particular es importante el marco integral de la salud reproductiva suscrito y legitimado en 1994 por 184 estados miembros de la Organizacin de las Naciones Unidas mediante la adopcin del Programa de El Cairo. A travs de ste se reconoce la importancia de los derechos humanos en la proteccin y la promocin de la salud reproductiva. En este importante acuerdo, se establece que: La salud reproductiva es un estado general de bienestar fsico, mental y social, y no mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraa la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo no hacerlo, cundo y con qu frecuencia. Esta ltima condicin lleva implcito el derecho del hombre y la mujer a obtener informacin de los mtodos de planificacin de la familia de su eleccin, as como a otros mtodos para la regulacin de la fecundidad que no estn legalmente prohibidos, y acceso a mtodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atencin a la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las mximas posibilidades de tener hijos sanos. En El Cairo, los gobiernos acordaron tomar medidas para que pueda ser ms fcil para las parejas y las personas asumir la responsabilidad de su propia salud reproductiva eliminando las barreras legales, mdicas, clnicas y reglamentarias innecesarias a la informacin y al acceso a los servicios y mtodos de planificacin de la familia. El Programa de El Cairo enfatiza que: En ningn caso se debe promover el aborto como mtodo de planificacin de la familia. Se insta a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes a incrementar su compromiso con la salud de la mujer (). a reducir el recurso al aborto mediante la prestacin de ms amplios y mejores servicios de planificacin de la familia. Se debe asignar siempre mxima prioridad a la prevencin de los embarazos no deseados y habra que hacer todo lo posible por eliminar la necesidad del aborto. Marco legislativo venezolano La Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela constituye un marco legislativo que contempla los derechos consagrados y promovidos en estos foros internacionales antes sealados. En su articulado, quedan expresados los siguientes artculos que promueven la proteccin de la vida de las mujeres y la consagracin de los derechos a decidir sin coaccin sobre los aspectos relacionados a su vida reproductiva: Art. 21. Garanta de Igualdad ante la Ley: consagra de manera amplia y explcita la garanta de igualdad ante la ley de todas y todos los venezolanos de manera real y efectiva, estableciendo que se adoptarn medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables. Respetar este sentido de igualdad implica crear las condiciones para erradicar las barreras legales y de todo tipo que limiten la capacidad de todas las personas para ejercer sus derechos. Este principio est vinculado al derecho a la no discriminacin, el cual es un derecho fundamental de la mujer. Art. 43: El derecho a la vida. Reconoce la proteccin de la vida humana, entendiendo por sujetos de derecho a hombres, mujeres, nios y nias. Art. 76: Consagra el derecho de las parejas a decidir libre y responsablemente el nmero de hijas e hijos que deseen concebir y a disponer de la informacin y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. El reconocimiento de toda persona a tomar decisiones libres y responsables sobre su vida reproductiva derecho a tener hijos, a no tenerlos y el momento de tenerlos- implica el reconocimiento a la libertad y responsabilidad que tienen las y los individuos y las parejas en relacin con su vida sexual y reproductiva. Art. 83. Establece el derecho a la salud como parte del derecho a la vida. En este sentido, la norma constitucional reconoce como una prioridad el reconocimiento del derecho a la salud de las personas como un derecho inalienable e irrenunciable, que debe ser promovido por el Estado. Liberalizacin de leyes sobre interrupcin del embarazo en la ltima dcada en algunos pases del mundo Albania: En 1996, Albania liberaliz significativamente su ley nacional. La nueva ley, que es similar a una directriz establecida por el Ministerio de Salud de Albania en 1991, permite la interrupcin del embarazo sin ninguna restriccin durante las primeras doce semanas. Alemania: En 1995, con el fin de reconciliar las leyes sobre aborto de las antiguas repblicas de Alemania del Este y del Oeste, Alemania adopt una ley que ampliaba las circunstancias bajo las cuales el aborto estaba permitido en la antigua Alemania Occidental, mientras que incrementaba las restricciones sobre esta materia en la antigua Alemania Oriental. Bajo la nueva ley, la persona que aborta no puede ser procesada durante las primeras catorce semanas del embarazo y el aborto es posible, sin ninguna razn que lo limite, aunque las mujeres que procuren el aborto deben cumplir ciertos requisitos de procedimiento. Burkina Faso: En 1996 enmend su Cdigo Penal para permitir la interrupcin en cualquier fase del embarazo cuando la vida de la mujer o su salud estn en peligro y en el caso de anomalas severas del feto. El aborto tambin est permitido durante las primeras diez semanas del embarazo en casos de violacin o incesto. Guyana: En 1995, la ley sobre interrupcin del embarazo de Guyana fue liberalizada significativamente, permitindolo sin ninguna restriccin durante las primeras ocho semanas de gestacin. Despus de las mismas, pero antes de que hayan concluido las doce semanas, una mujer puede tener acceso a un aborto en trminos generales, incluyendo las consideraciones socioeconmicas. Seychelles: Promulgada en 1994, la Ley de Interrupcin del Embarazo permite el aborto durante las primeras doce semanas, cuando la continuacin del embarazo implicara un riesgo mayor para la vida o para la salud fsica o mental de la mujer embarazada. La ley tambin permite el aborto en casos de "violacin, incesto, deshonra o trastorno mental" y en el caso de anomalas del feto. Sudfrica: Promulg la Ley de Eleccin sobre la Interrupcin del Embarazo en 1996, convirtindola en una de las ms liberales del mundo. La Ley permite el aborto sin ninguna restriccin durante las primeras doce semanas de embarazo; dentro de las veinte semanas, en numerosas situaciones; y en cualquier momento, si existe un riesgo para la vida de la mujer o si se presentan serias anomalas en el feto. Cuba: La Ley cubana establece que el aborto es permitido hasta la 12 semana de gestacin, y debe ser previamente autorizado por el padre y la madre de la gestante. Este es uno de los pases donde se registra una elevada tasa de abortos, especialmente entre la poblacin ms joven, ya que su prctica se ha convertido en una opcin ante la escasa existencia de informacin y acceso a mtodos anticonceptivos modernos. Uruguay: en este pas recientemente se ha dado un importante paso adelante en la bsqueda de una legislacin moderna en materia de salud sexual y reproductiva. La Cmara de Diputados aprob el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva, el cual contempla la obligacin del Estado de promover polticas sociales y educativas para prevenir el aborto, a la vez que consagra el derecho de toda mujer a decidir sobre la interrupcin de su embarazo durante las primeras doce semanas de gravidez. Propuesta del movimiento amplio de mujeres Las organizaciones abajo firmantes, integrantes del movimiento amplio de mujeres, propone introducir en el prximo Cdigo Penal que actualmente se discute en la Comisin Mixta de la Asamblea Nacional, penalizar el aborto exclusivamente cuando se realice en las siguientes condiciones: Cuando se realice sin consentimiento de la mujer, independiente de su edad La interrupcin del embarazo ser considerada un delito cuando esta sea practicada en contra de la voluntad de la mujer, o empleando medios fsicos o psicolgicos de coaccin para obligarla a este fin. Cuando se realice en condiciones de riesgo: La interrupcin del embarazo efectuada por personas no profesionales de la medicina, -con o sin el consentimiento de la mujer- es un delito que involucra el ejercicio ilegal de esta profesin tipificado en el artculo 703. Si la interrupcin del embarazo es practicada en condiciones sanitarias inadecuadas y/o con tecnologas o medios rudimentarios o domsticos esto acarrear una pena superior a quien lo practique, an cuando este sea efectuado por profesionales de la medicina. Ciudad Universitaria de Caracas, viernes 26 de noviembre de 2004 Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, CEM de la UCV rea de Estudios de la Mujer, Facultad de Ciencias Econmicas y Sociales, UCV Asociacin Venezolana para una Educacin Sexual Alternativa, AVESA Crculos Femeninos Populares, CFP Colectivo de Mujeres Manuelita Senz Casa de la Mujer Juana Ramrez la Avanzadora, Maracay Teatro 8 de marzo, Maracay Revista Feminista Mujer tena que ser  x   0 a u 67ƺ{{n`nOnn!h9t5CJOJQJaJmH sH h9tOJQJ^JmH sH h9t5OJQJmH sH h9tCJOJQJ^JaJh9t5OJQJ^Jh M`h9tOJQJh9tOJQJ^Jh9tOJQJh9t5OJQJhlh9t6OJQJh9tOJQJmH sH h M`h9t5CJOJQJaJh9t5CJOJQJaJh _h9t5CJOJQJaJ-Zx    $dh$Ifa$gd9t$dh]a$gd9t$dh[$\$a$gd9t$dh\$a$gd9t $dha$gd9t $dha$gd9t{Qqbbb$dh$Ifa$gd9tkd$$IfFF X!A A B t06    44 lauqbbbb$dh$Ifa$gd9tkd$$IfFF X!A A B t06    44 la~qffffffffff $dha$gd9tkd4$$IfFF X!A A B t06    44 la  67SKkd$$IfFF X!A A B t06    44 la $$Ifa$gd9t$dh$Ifa$gd9t $dha$gd9tSVkdh$$IfFF X!A A B t06    44 la$dh$Ifa$gd9t $$Ifa$gd9t qbVb $$Ifa$gd9t$dh$Ifa$gd9tkd$$IfFF X!A A B t06    44 laF@ct!#%#$$:&f&&%'&'7(())*#*f*{. 2f2s335555===򴬡xtodh9t5OJQJ\ h9t\h9th9tCJaJh9t6B*OJQJphh9t6OJQJh9tCJOJQJh9t6CJOJQJh9tOJQJh9tB*OJQJphhph9tOJQJ^Jh9tOJQJ^Jhph9tOJQJmH sH h9tOJQJmH sH h9t5OJQJmH sH $FGkl@qffffffffff $dha$gd9tkd$$IfFF X!A A B t06    44 la @ABcdt!u!$$$$:&f&%'(*+{. 2u3555 $dha$gd9t $dha$gd9t $dha$gd9t$dh]a$gd9t $dha$gd9t55s7u799l:m:<<==>> ?!?AABBLDMD$ & Fdhdd[$\$a$gd9t$ & Fdhdd[$\$a$gd9t$dhdd[$\$a$gd9t $dha$gd9t=>>>!?)?+?AAAABBBLDWDYDEEEdGeGiGIIJ#K%KELFLLaMMxOOOOPPDQijsjh .5CJaJh9th9t5CJaJh9th9tCJaJh9tCJaJh9t6CJaJh9t5CJaJh9tOJQJ\^JmH sH h9t5OJQJ\^JmH sH h9t5OJQJ^Jh "h9tOJQJh9tOJQJh9tOJQJ\h9t5OJQJ\h9t5OJQJ'MDEdGeGI IJJ$K%KELFLLL`MaMM $^a$gd9t $h^ha$gd9t $ & Fa$gd9t$dh]a$gd9t$dhdd[$\$a$gd9t$ & Fdhdd[$\$a$gd9t$ & Fdhdd[$\$a$gd9tMMoNpNvOwOxOOOOPP_P`PPPPPPP'Q(QEQFQ{Q $^a$gd9t $h^ha$gd9tDQEQFQQQZQ\Q{Qh:5CJaJh:h:5CJaJ h:5 h9t5h9th .5CJaJ,1h. 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